Por Juan Altamirano
En 1994, los votantes de California aprobaron la Proposición 187, una iniciativa que buscaba castigar a los inmigrantes indocumentados como yo, negándonos el acceso a servicios como de salud y educación. Tenía 10 años en ese momento y eso me marcó, crecer siendo inmigrante mexicano en el condado de Orange. Esa California era un lugar donde se vivía con temor.
Mi familia y yo no teníamos mucho. Cuando era un joven curioso de 10 años, quería ver el mundo, explorar nuevos lugares y conocer gente nueva. Por desgracia, eso no estaba en los planes, al menos por ese entonces. Limitábamos el tiempo que pasábamos fuera de nuestro apartamento porque teníamos miedo a la policía, a la migra, a cualquier cosa que llamara la atención hacia nosotros. Incluso cuando nos aventurábamos a salir, teníamos poco o ningún acceso a parques o espacios abiertos cercanos. Vivíamos a solamente una cuadra de una de las autopistas más transitadas de California, la I-5. Lo único que separaba la sala de nuestro apartamento de los millones de autos y semirremolques que atravesaban la ciudad era el muro de protección acústica de 10 pies al final de Vermont Ave. y Citron St.
Aunque en ese momento no conocía el término, estaba en primera fila para los impactos de redlining comunitario: prácticas de préstamos y vivienda que relegaron a los afroamericanos, latinos, judíos y otros a áreas menos deseables con calles arboladas, parques y otros espacios verdes concentrados en vecindarios de ricos y blancos.
Aunque puede que la discriminación ya no se practique abiertamente, seguimos sufriendo sus efectos en vecindarios como en el que crecí: las comunidades con menores ingresos y más segregadas de California con frecuencia tienen un menor acceso a la naturaleza. Un reciente estudio de la Hispanic Access Foundation y el Center for American Progress señaló que las comunidades de color tienen tres veces más probabilidades que las comunidades blancas de vivir en áreas con pocos parques y desprovistas de naturaleza. Casi el 70 por ciento de las comunidades con bajos ingresos carecen de acceso a senderos o parques del vecindario en comparación con las áreas más prósperas.
El acceso desigual al aire libre sigue siendo un problema generalizado en todo el estado que debemos trabajar para corregir porque las consecuencias son medibles y tangibles. Ubicadas en áreas con la peor calidad del aire y la menor cobertura arbórea, las comunidades de bajos ingresos y de color sufren niveles más altos de enfermedades respiratorias como el asma, y también una peor salud mental. Afortunadamente, el gobernador Newsom y la legislatura hace poco asignaron más de 500 millones de dólares para aumentar el acceso a espacios al aire libre. Esta importante inversión ayudará a financiar el mantenimiento diferido en nuestros parques estatales y otros proyectos que reducirán las barreras para que más personas puedan acceder a espacios al aire libre y disfrutar de nuestras magníficas tierras y ríos públicos.
Incluso cuando me remonto a la California de los 90, también me tomo el tiempo para celebrar la California de hoy. Nuestro estado no es perfecto y debemos continuar resolviendo los desafíos sistémicos, pero debemos celebrar la diversidad de nuestro estado, nuestra cultura y nuestra perseverancia para hacer frente al odio y la xenofobia. El niño inmigrante mexicano que creció sin acceso a espacios verdes y al aire libre ahora trabaja con el estado, activistas locales y organizaciones aliadas a garantizar que las comunidades más afectadas por la falta de espacios al aire libre tengan los mismos beneficios que las comunidades prósperas y privilegiadas.
Juan Altamirano es el Director Asociado de Políticas de Audubon California,
